La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó las enmiendas a la Ley Antidiscriminación, más conocida como “Ley Zamudio”. Ahora, el proyecto pasará a Comisión Mixta.
En el debate realizado en la Cámara de Diputados y Diputadas, este martes 4 de junio, se manifestaron distintas posturas respecto al proyecto que busca una actualización a la Ley N°20.609 después de 12 años de aplicación, para ajustarla a la realidad actual, mejorar su tramitación y brindar un verdadero apoyo a las víctimas de discriminación.
Finalmente, las reformas fueron rechazadas con 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. Ahora, el texto será remitido a una comisión mixta para resolver las diferencias con el Senado, que previamente había aprobado la iniciativa en su primera fase de tramitación.
“La DC va a rechazar mejorar la Ley Anti Discriminación. ¿Cómo es posible que por una rencilla con el Gobierno le den la espalda a la ciudadanía? Aún queda tiempo y espero no se alineen con los conservadores de siempre, que se oponen a los derechos y libertades de la mayoría”, señaló antes de entrar a sala la diputada Emilia Schneider.
“Este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos”, señaló el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea, férreo opositor a las enmiendas.
Las modificaciones buscan fortalecer la protección contra la discriminación y mejorar su aplicación. Entre las principales modificaciones propuestas, se encuentra la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria. Esta entidad tendría como objetivos proporcionar asistencia legal y psicológica a las víctimas de discriminación, desarrollar políticas públicas preventivas y supervisar la correcta aplicación de la ley.
Otra propuesta es la eliminación del artículo 6, que impide impugnar leyes o sentencias discriminatorias. Esta medida permitiría una mayor capacidad de cuestionar y corregir decisiones legales que perpetúen la discriminación. Además, se sugiere eliminar el artículo 12, que multa a los denunciantes si el tribunal determina que no hubo discriminación.
Las reformas también buscan incorporar un artículo que obligue a indemnizar a las víctimas de discriminación por los daños morales y materiales sufridos. Actualmente, las multas se cargan al fisco, lo que no motiva a las víctimas a denunciar.
Otra propuesta es la inversión de la carga de la prueba, de modo que el denunciado deba demostrar que no discriminó, en lugar de que la víctima tenga que probar que fue discriminada.
Se sugiere, también, cambiar la terminología de “delitos motivados por discriminación” a “delitos con presencia de elementos discriminatorios”, facilitando la aplicación de la agravante. Finalmente, se propone la creación de un reglamento sobre la ley para asegurar su correcta implementación y aplicación.
