El parlamento húngaro, dominado por del Fidesz (partido político conservador de derecha) y sus aliados, ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad sexual a menores.
El texto, calificado como una versión de la ley rusa contra la “Propaganda Homosexual”, se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGBT+.
El proyecto aprobado modifica varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. En concreto, se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se “describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad”.
También se prohíbe la publicidad en la que “la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio”.
La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la “promoción” de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores autorizados, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGBT+ por parte de colectivos.
En el terreno de los medios, la medida podría suponer la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGBT+.
Las reacciones de la sociedad civil han sido principalmente de indignación. El activismo húngaro ha tachado la medida como una versión de la ley rusa contra la “Propaganda Homosexual” aprobada en 2013 y que desató una oleada de protestas en Europa y el resto del mundo, mientras que la capital húngara, Budapest, ha sido escenario de protestas contra este nuevo ataque que se suma a una ya larga lista de medidas contra la comunidad por parte del Gobierno de Viktor Orbán.
